En el marco de las acciones institucionales para fortalecer la atención integral a los casos de desaparición de personas, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República sostuvieron una reunión de coordinación interinstitucional para establecer los lineamientos del protocolo de cuidado posterior y asistencia social a familiares y víctimas de desapariciones.
La reunión, efectuada en el Salón de Gestión de Crisis de la institución del orden, estuvo encabezada por Indiana Castillo, coordinadora Interinstitucional de la iniciativa; el magistrado Miguel Ramos, titular de la Unidad de Desaparecidos de la Procuraduría; y la coronel Francia A. Hernández, encargada del Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
También participaron de manera destacada las magistradas Olga Dina Llaverías, procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes; y Danisa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público; la general Celeste Yanet Jiménez Cabral, titular de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI); el general José Isaías Santana Morillo, director de la Policía Judicial Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de la Policía Nacional.
De igual manera se contó con la participación del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional.
Durante el encuentro, se abordaron las rutas de atención y acompañamiento que recibirán los familiares de personas desaparecidas, así como los mecanismos de articulación entre las instituciones responsables de ofrecer apoyo psicológico, legal y social en estos casos.
En esta coordinación participan, además, representantes del Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), y otras entidades comprometidas con la protección de los derechos fundamentales.
Este protocolo busca garantizar una atención humanizada y oportuna a las familias afectadas, como parte del compromiso del Estado dominicano con la dignidad, el acompañamiento y la reparación integral frente a estos casos sensibles.
